Ciudad de México, 12 de noviembre de 2020.- El empresario de medios y activista político, Carlos Mimenza, afirmó que la narcoviolencia, la inseguridad que padece el estado de Quintana Roo, no terminará hasta que el Presidente desarticule toda la red de corrupción y complicidad que existe entre el Estado y el crimen organizado cuyo origen data desde la toma del poder del gobernador, Carlos Joaquín González.
En entrevista con Cambio.Press, Carlos Mimenza aseguró que en las zonas turísticas de Quintana Roo se registra de una forma expuesta y descarada el cobro de piso desde el crimen organizado, y esto da parte a conflictos internos que generan revanchas violentas que se traducen en asesinatos a plena luz del día, secuestros y extorsiones, en la que la policía, juega un papel de complicidad.
“El denominador común de toda esta inmundicia, esta degeneración de Estado, es el arribo al poder del Gobernador, Carlos Joaquín, porque como punto de partida, la violencia creció de manera gradual hasta llegar a la crítica situación en que vivimos los quintanarroenses”.
Desde que arrancó el Gobierno de Carlos Joaquín, la violencia creció hasta convertir al estado en quizá, el más violento del mundo, pues de los 23 homicidios por cada 100 mil habitantes que se establece como media nacional en nuestro país, Quintana Roo alcanzó los 58; la cifra más alta del mundo.
El pasado 9 de noviembre, corrió la noticia del hallazgo de la joven quien era activista en pro de los derechos de la mujer, por lo que estallaron diversas protestas en contra de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno.
Policías adscritos al mando único y guardia nacional, dispararon contra los asistentes a las marchas, hiriendo a 8 personas, entre ellas 3 reporteros que cubrían los eventos; en dicha situación ninguna de las autoridades se hizo responsable, sin embargo el Gobernador Carlos Joaquin separó del cargo de secretario de seguridad pública a alberto capella, pero hoy mismo tomó protesta a su mano derecha Lucio Hernandez, también ex funcionario del gobierno de Graco Ramirez en Morelos.
Quintana Roo entre fuego de los carteles
El pasado 31 de Mayo, el asesinato de la venezolana Corina Yerinel Vargas Zambrano vino a descubrir una realidad que se venía escribiendo a sangre y balas en Quintana Roo; la complicidad del Gobierno con organizaciones criminales.
En Quintana Roo operan y pelean entre ellos el Cartel del Noreste, el Cartel Jalisco Nueva Generación, el Cartel del Golfo, el Cártel de Sinaloa y una serie de sub organizaciones al mando de las anteriores, que defienden cada centímetro de la Entidad.
El cuerpo desmembrado de la atleta fue depositado en una bolsa, y a su lado una cartulina en la que el Cártel Jalisco Nueva Generación amenazó al Secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo, Jesús Alberto Capella Ibarra, por “venderle” la plaza al Cártel del Noreste, originalmente “Los Zetas”.
Desde este escenario, las masacres colocaron a Quintana Roo como líder en asesinatos a nivel mundial ante el disimulo del Gobierno del Estado, pues las acciones en seguridad pública simplemente no alcanzaron las especificaciones que exigía en estrategia para contrarrestar el crecimiento de la violencia.
Desde el 2016, que fue el año en que comenzó el Gobierno de Carlos Joaquín, la violencia sufrió un crecimiento exponencial; se registraron para el 2018 los primeros 774 homicidios en el estado, en medio de una disputa entre carteles.
Por otra parte, los servicios de inteligencia del Gobierno han detectado la operación de bandas delictivas que operan para los cuatro principales carteles de la droga que se han apropiado de zonas, y que es este pleito territorial lo que ha provocado los altos índices de violencia.
En Quintana Roo operan “La Barredora, “El basurero”, “Los Pelones”, “los Rojos”, y en un sinnúmero de denuncias de la sociedad, las autoridades policíacas son señaladas de permitir las operaciones de estas agrupaciones, y no solo eso, en algunos casos, hasta coadyuvar con ellos.
Complicidad entre el Estado y el Crimen Organizado.
Nahum Fuentes Rivera es un policía que hasta el año pasado estaba registrado dentro de la nómina de la Secretaría de Seguridad de Quintana Roo, con un sueldo de 18,485.00 pesos; ésta persona es señalada por el Centro Nacional de Inteligencia como operador de José Gil Caro Quintero, un narcotraficante que usa la entidad como ruta en el trasiego de droga.
A Fuentes Rivera, de acuerdo a información periodística e investigaciones federales, se le tienen asignadas las relaciones públicas de la organización criminal, con mandos policíacos y operadores políticos del Estado quintanarroense.
Al presunto criminal, se le señala de complicidad en el contrabando de una aeronave con 353 kilogramos de cocaína que sería traficada por “Don Pepe”, Gil Caro Quintero, ocurrido en el mes de agosto pasado.
El año pasado, el gobernador pidió la renuncia de Fuentes Rivera, dados los señalamientos del Centro Nacional de Inteligencia, pero solo llegó hasta ahí; el Estado de Quintana Roo, no ha emprendido ningún tipo de investigación criminal en contra del presunto delincuente.
Otro es Adrián Valdovinos quien ha sido ya señalado en algunas mantas que el crimen organizado ha puesto en algunas zonas de las principales ciudades del estado.
Él estaba instalado en la Fiscalía de Justicia, en Cancún, pese a contar con un expediente manchado en la Marina Armada de México, por un extravío de 69 kilogramos en el batallón de Chetumal en la que era el presunto responsable.
En Quintana Roo, el Estado le permitió convertirse en uno de los proveedores de seguridad mediante una empresa en la que servía seguridad privada a escuelas; también fue Director de la Policía Ministerial, y un dato muy importante; fue jefe de escoltas de Carlos Joaquín cuando era Presidente municipal en el municipio de Solidaridad.
Otro detalle de suma relevancia, es una fotografía del Gobernador, a lado de un supuesto delincuente quien es señalado como operador del Cártel de Sinaloa, y enlace de la “Mafia Rusa” de Cancún.
La institución, la opinión pública y los medios en el escenario de la violencia
Ante el incremento exponencial de la violencia en Quintana Roo, algunas organizaciones empresariales y de la sociedad civil, así como medios de información en convenio con el Gobierno, han venido a minimizar la violencia en esa parte de la península.
El mes de abril del año pasado, la cadena de noticias canadiense CTV, a través del programa de investigación W5, incluyó la violencia de Cancún desde un reportaje en el que entrevistaron a un narcotraficante que habló de la serie de operaciones que se celebran al margen, o en complicidad de la Ley, del Estado.
El medio de información “www.reportur.com” manejó este trabajo como desinformación, y en su titular acomodó el encabezado “La televisión canadiense golpea a Cancún con reportaje sobre narcos” el cual fue replicado por un sinnúmero de entes conexos al Gobierno, incluso, de los de oposición al gobierno de Quintana Roo, como Laura Beristain, de extracción MORENA, alcaldesa de Playa del Carmen.
Esto ocurre en un escenario en el que cuatro comunicadores fueron asesinados por el crimen organizado, Javier Rodríguez Valladares, camarógrafo de Canal 10; Rubén Pat, dueño del portal “Playa News”, José Guadalupe Chan Dzib en un bar local, y Francisco Romero, propietario de “Ocurrió Aquí”, sitio de Facebook donde publicaba crítica de la inseguridad y del gobierno municipal.
En el tema de la seguridad y la violencia del narco, el incremento de muertes, la estrategia de Carlos Joaquín fue controlar los principales medios de información.
En los convenios gubernamentales aplicaron un clausulado en el que se obligaba a las empresas de la información, a no manejar en titulares de prensa escrita, radio y televisión, así como redes sociales, la violencia en conjugación con las ciudades como Cancún, Cozumel, y Playa del Carmen.
La estrategia que aplicó, sugería el uso de los municipios en el manejo de la información; así serían Benito Juárez y Solidaridad, de lo cual nació la alianza entre los principales cuatro medios de información del cual sólo se excluirá a “Por Esto!”
Sin embargo, el índice de la violencia tuvo su repercusión en los ingresos de las arcas gubernamentales; desde el 2017, en que el presupuesto rebasaba los 200 millones para gastos de la Comunicación Social, la situación ha venido trastocando estos recursos al grado, que los últimos dos años, han sido montos por debajo de los 100 millones.
Dadas estas circunstancias, las publicaciones han aumentado su rigor periodístico en cuanto a la situación que vive el estado; la crisis económica por la pandemia ha abierto canales al desempleo, y a la fecha, el Gobernador no ha anunciado un plan para mermar el avance de la descomposición social que sin duda, será el factor principal para que la violencia del narcotráfico se quede permanentemente en Quintana Roo.
