Lo que no dice el video de Juan Jesús Lozoya Austin

El video que apareció en Youtube donde panistas son exhibidos embutiéndose supuestos sobornos me causa terror.

No es porque comulgue con las ideologías panistas, o trate de defenderlos; no.

Al contrario, soy alérgico a tales, pero lo que representa el mismo video, es lo que me tiene preocupado, aterrorizado.

No soy de los que se tragan la idea que, de manera espontánea, aparece una cuenta en Youtube, y en un par de días, la 4ta Transformación tiene sometida a sus pies a la clase política opositora por medio de un video donde se exhibe claramente algo irregular.

Lo normal en este tipo de situaciones, dentro de un marco de derecho, es que, quien tenga en su poder un material de este tipo, acuda ante las instituciones, en este caso, a la Fiscalía General de la República, a entregar este material como evidencia para sus efectos, pidiendo el anonimato y protección.

Pero no.

Aparece por arte de magia en internet, donde la información puede ser torcida a antojo de poderes fácticos.

No defiendo al PAN; todos los que aparecen en el video deben ser investigados, y considerando la presunción de la inocencia, llevados a juicio en caso de ser declarados como responsables a la comisión de un delito.

Sin embargo, el video lleva una carga implícita que se tiene qué aclarar.

¿Por qué apareció en Youtube de una manera tan “accidentada”?

La tarde de ayer, Juan Jesús Lozoya Austin, hermano de Emilio Lozoya Austin, informó que ya tiene a una firma de abogados denunciando ante las autoridades competentes todo lo relacionado con ese video porque él no lo difundió desde esa cuenta cuyo nombre de usuario es su mismo nombre: Juan Jesús Lozoya Austin.

La cuenta “Juan Jesús Lozoya Austin” de Youtube fue dada de alta el 16 de Agosto pasado, e instantáneamente, subieron el video donde exhibe a Rafael Jesús Caraveo y a Guillermo Gutiérrez Badillo, hoy secretario de Gobierno en Querétaro, en actos aparentemente de corrupción.

Lo curioso del caso, es que fueron cuentas Pro-AMLO las primeras que se encargaron de darle tráfico y difusión a las demás redes, y la cereza del pastel, es que el Presidente signó durante su “mañanera” y sin una investigación previa de las autoridades, que el video fue subido clandestinamente.

Es este hecho, el que AMLO haya “consignado” su aparición como clandestina, lo que genera la suspicacia en contra de la 4Ta Transformación, en relación a si, sí o no (que pienso, es sí) el Estado lo tenía en su poder, porque si el PRI en el poder grabó a los panistas en un ejercicio de corrupción, esto debía mantenerse bajo resguardo naturalmente, y por inercia de la situación, debía el Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), tenerlo en su poder.

Dentro de este juego de la “clandestinidad”, la Fiscalía General de la República hizo lo suyo tomando un papel disimulado, pues las primeras declaraciones de dieron es que negaron que este material haya sido extraído del caso de Emilio Lozoya.

En tanto, el Centro Nacional de Inteligencia (antes CISEN) exhibe borbotones de información en su silencio

Lo implícito en ese video, es que hubo una preparación cronológica, una organización previa para “reventarlo” en las redes sociales, sí, con fines políticos para que la 4Ta Transformación elimine a sus rivales con el apoyo obligado de la Fiscalía General de la República bajo el pretexto de ese material.

Lo que la sociedad debe hacer hoy, es exigir a la FGR una investigación a fondo y la persecución al delito que representa también la aparición de ese video bajo el nombre de Juan Jesús Lozoya mediante mecanismos informáticos para conocer quién creó realmente la cuenta, y cómo llegó a su poder ese video.

Toda información en internet, deja rastros, incluso, hay tratamientos forenses para reconstruir los rastros para dar con la IP origen del aparato que se usó para subir la información.

De lo contrario, estamos en una nación en la que el Presidente y su partido político, están usando a su antojo a las instituciones de seguridad, e inteligencia (y espionaje) del país para sus campañas políticas, y no para combatir el narco y al crimen organizado.